La extrema pobreza no es una fatalidad sino la consecuencia de responsabilidades que la ONU anhela establecer para terminar con el drama de
la miseria en el mundo. Un grupo de expertos de Naciones Unidas, piloteados por el catedrático chileno José Bengoa, acaban de aprobar esta semana en Ginebra un proyecto de principios rectores, que de promulgarse el mes que viene en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, serán coercitivos para los Estados.

Los 46 artículos de esta suerte de Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pobres, estipulan que la miseria y la exclusión social traslucen una violación de la dignidad humana por lo que se debe dar prioridad a la adopción de medidas en los planos nacional e internacional
para eliminarlas. Significan la negación de derechos básicos del ser humano, cuyo acceso a la alimentación, al agua potable, a la salud, a la educación y la cultura, a la vivienda, al empleo y a la justicia, deben ser garantizados por los gobiernos. Si así no lo fuere, la ONU preconiza que los Estados habiliten vías de recurso a los tribunales, para que los particulares puedan exigir una rendición de cuentas.

La ONU estima que la pobreza no surge de la casualidad y podría llegar a considerarse un delito. Es una fuente de violaciones múltiples de los derechos humanos, y ocasiona estragos colaterales. Alienta la corrupción, el trafico de drogas, la prostitución, el trabajo infantil, la trata de
mujeres y menores, el contrabando y mercado negro de vacunas, medicamentos y material quirúrgico, y atenta contra el derecho al desarrollo de los países desfavorecidos. Las normas que ahora han sido aprobadas por los expertos de la ONU en Ginebra tras cinco años de labor, reúnen los derechos inderogables e ineludibles que las autoridades nacionales y los organismos intergubernamentales deben respetar para frenar la pobreza. Su violación masiva o sistemática puede constituir crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser perseguidos y enjuiciados por tribunales internacionales.

Para luchar contra la pobreza, la ONU plantea que los países avanzados asuman el deber de contribuir ³con una parte importante de sus recursos al desarrollo de los países pobres. Y para salir de la retórica cuando estallan hambrunas, catástrofes naturales o conflictos armados, la ONU propone obligar al Estado afectado a actuar de inmediato, al tiempo que la comunidad internacional lo auxilie con programas especiales. Esa cooperación debe incluir medidas adecuadas en el comercio, desarrollo de
mercados e inversiones, prohibición de la venta de armas, reglamentación laboral, anulación de la deuda externa y reducción de los tipos de intereses.

Juan Gasparini